Kirchner, Néstor (2004). Sin embargo el decreto 207/2011 solo representa una reglamentación parcial al no definir aquellas zonas prioritarias a relevar donde ya se encuentran en funcionamiento actividades mineras[23]. Manejo del Medio Ambiente en la Pequeña Minería (MEDMIN. El análisis de los procesos de incidencia brinda tres ventajas claves: favorece una observación más precisa de las tres dimensiones que componen dicho proceso: “la acción directa”, “la vinculación con los actores económicos” y “la vinculación con los actores institucionales”; permite recuperar las particularidades de los casos donde no se ha logrado una incidencia efectiva; y, finalmente, facilita la identificación de variaciones y configuraciones específicas de dimensiones que tiendan a resultados similares, partiendo de la noción de mecanismos (Tilly, 2001). Consolidado como un importante centro turístico, algunas de sus localidades principales son Cosquín, La Falda y Capilla del Monte. El argumento esgrimido en el fallo original y en las subsiguientes confirmaciones se centró en la aplicación directa del principio precautorio ambiental, establecido en la Ley General del Ambiente de 2002. Complementariamente, el mismo artículo prohíbe tanto en zona glaciar como periglacial: la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen, como así también la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. No puede dejar de enfatizarse que la discusión respecto a la protección de los glaciares actuó como una especie de “atajo” para discutir legislativamente a nivel nacional el tema minero. En San Juan, para 2010, ese valor ascendió a 36%. Estas particularidades determinan excepciones para los minerales nucleares (uranio y torio) a través del accionar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).Ver Catalano, 1999 y Álvarez, 2014. WebTITULO COMPLEMENTARIO DE LA PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA. Porque en el fondo es eso. Este capítulo analiza las políticas ambientales que se desarrollan para la actividad minera en el marco de un firme apoyo del Estado nacional a esta actividad. El acuerdo otorga garantías fiscales, laborales e impositivas, elimina derechos de exportación e importación y brinda la posibilidad de tributar al fisco que resulte más conveniente a los inversionistas. La nueva ley estableció que: A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otros componentes tóxicos similares utilizados en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo (Ley N° 7.722, artículo 1). Promulgada: Noviembre 21 de 1995. En La Argentina de los Noventa: desempeño económico en un contexto de reformas (Tomo II), editado por Daniel Heymann y BernandoKosacoff, 251-342. PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA Capítulo 1 Disposiciones Generales Art. endstream
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Legislación Ambiental. Trabajo Final de Licenciatura Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba. La UAC y sus formas de organizar sus intercambios comunicacionales. Tarrow, Sydney (2011). Edición 2022. Por otro lado, los sectores opositores a la minería enfatizan que las autoridades de aplicación suelen quedar bajo orbita de las secretarías de minería (nacional de acuerdo a la ley de inversiones y determinadas por autoridades provinciales para la 24.585 /95) y sin estar sujeta a control de los responsables del área ambiental (Colectivo Voces de Alerta, 2011). Tendríamos que rendir homenaje a las asambleas ciudadanas porque han creado desde las provincias, por primera vez en nuestro país, una conciencia ambientalista que antes no existía. En febrero de 2012, y en clara continuidad de la política nacional minera, con el apoyo de la Secretaria de Minería de la Nación y el Ministerio de Planificación Fiscal, las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz crearon la OFEMI con el objetivo de consolidar e incrementar la actividad minera en el país, iniciar debates en torno la participación provincial en la distribución de las regalías mineras y solucionar conflictos a los fines de conseguir las necesarias licencias sociales. La lectura de este artículo constitucional debe hacerse a la par del Código de Minería. Más allá de las particularidades acontecidas en los ámbitos locales puntuales, determinados elementos facilitaron la construcción de la dimensión provincial de las resistencias sociales y su impacto en dicha escala. La experiencia de Córdoba se ha desarrollado en un período de tiempo significativamente breve, entre 2007 y 2008, y a la luz de un conflicto que alcanzó una gran intensidad. Para explicar por qué algunas provincias sancionaron normas de protección ambiental más estrictas que la legislación nacional es necesario considerar, junto al accionar de las resistencias sociales, el grado de pluralidad política y/o en el grado de diversificación económica. En este apartado se demuestra el apoyo del Estado nacional a la actividad minera a través de las distintas gestiones de gobierno. Ley 24585 PROTECCIN AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA Sancionada el 1 de Noviembre de 1995 El Senado y la Cmara de Diputados de la Nacin Argentina. El elemento más relevante para el presente análisis deriva de la declaración de la minería como política de Estado y su impacto sobre el establecimiento de políticas a largo plazo que trasciendan a las distintas gestiones presidenciales. “Versión Taquigráfica”. Esos casos también muestran, cuando se los compara con otras provincias, que los mayores grados de pluralidad del sistema político y de diversificación de la matriz económica favorecieron que una pluralidad de actores lograse impulsar procesos multiescalares que, ascendiendo desde las arenas locales hasta el nivel provincial, finalizaron en la sanción de leyes ambientales de prohibición minera. A partir de fuertes resistencias sociales a la actividad, entre los años 2003 y 2011 siete provincias argentinas sancionaron leyes de prohibición de la minería a cielo abierto que introdujeron estrictos parámetros de protección ambiental y avanzaron hacia el cumplimiento del derecho al ambiente sano establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional. ¿No podemos establecer, como dice la Constitución sabiamente, los presupuestos mínimos y que las provincias determinen? WebEl presente reglamento, tiene por finalidad asegurar que las actividades mineras en el territorio nacional, se realicen salvaguardando el derecho constitucional a disfrutar de un … El proyecto había sido presentado por la diputada Marta Maffei (Argentinos por una República de Iguales, ARI) a partir del conocimiento de un proyecto similar impulsado por sus pares del vecino país de Chile y durante su aprobación en la cámara alta fue aprobado unánimemente y con amplio apoyo del bloque oficialista del Frente Para la Victoria (FPV). En tercer lugar, se enviaron una serie de cartas abiertas a la presidenta Fernández de Kirchner y a los Diputados y Senadores Nacionales, entre las cuales se destacaron las del ex premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la que fuera enviada por un conjunto de organizaciones ambientalistas de carácter profesional[20]. La actividad como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), retrocediendo con respecto a años anteriores, se situaba cercano al 0,22% y, según datos de 1993, la totalidad de las explotaciones mineras llegaban a 130 y los proyectos en curso se encontraban limitados a 7 (Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1993)[3]. A partir del accionar de este grupo, las resistencias a Sierra Pintada tomaron un claro matiz institucional que, privilegiando la estrategia legal y más allá de algunas manifestaciones puntuales y ocasionales, no logró un apoyo significativo y masivo por parte de la población de San Rafael. Es un honor ser miembro informante de una iniciativa que va a contribuir a que la cenicienta de la actividad económica argentina que hasta hoy ha sido la industria minera pueda convertirse en un nuevo horizonte de esperanza de desarrollo económico y social para nuestras provincias. Las primeras preocupaciones tuvieron su origen durante el año 2006, a partir del conocimiento de la existencia de una serie de derechos mineros ubicados en el Departamento de San Rafael, específicamente las concesiones de las minas Anchoiris, Chapleu y Don Sixto. El emblema más significativo de este tipo de experiencias colectivas de organización surgió a partir con conformación de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), nacida en Colonia Caroya, Córdoba, en julio de 2006, como resultado del Foro Nacional de los Pueblos Autoconvocados Ambientalistas. Desde el desembarco de Bajo La Alumbrera en el oeste catamarqueño hasta la presión ciudadana por la Ley de Glaciares, diversos procesos sociales y políticos han acontecido al interior de los territorios así como también a escala nacional. (Gobernador Beder Herrera La Rioja, Honorable Cámara de Senadores de la Nación, 2010, p. 8). En segundo lugar, las reformas del sector minero incluyeron una norma específica de protección ambiental. Anexo presentado por el diputado nacional por San Juan Gómez Centurión, Partido Bloquista, en marco del debate parlamentario de la Ley de Inversiones Mineras 17/3/1993. Problemas ambientales y conflicto social en argentina. Tilly, Charles (2001). El dominio provincial de los recursos naturales aparece entonces como condición necesaria para explicar que determinadas provincias puedan seguir una política diferente de la política nacional. En segundo lugar, las provincias mineras han encontrado distintas estrategias para hacer valer su dominio original sobre los recursos minerales. En primer lugar, la ley N° 7.422/05 de ampliación de la reserva ambiental de la laguna del Diamante implicó la suspensión de varios cateos mineros de la zona del Valle de Uco. Regula las disposiciones del capítulo del código de minería y de los reglamentos de la ley del medio ambiente. 7 de mayo de 2005, derogada el 29 de 2011, 3 de julio de 2007, derogada el 7 de agosto de 2008. Las dinámicas de este proceso impulsaron el debate al interior de los Concejos Deliberantes locales y la sanción de distintas ordenanzas municipales de prohibición de la actividad minera a cielo abierto. En Minería trasnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales, editado por Maristella Svampa y Mirta Antonelli, 205-228. Fecha de consulta: junio, 2015. En otras palabras, la mera sanción legislativa de una ley a nivel federal no implicó el cierre de un proceso complejo y conflictivo. En cuarto lugar, se destaca la creación de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI). Las palabras del entonces presidente Kirchner dieron cuenta de la importancia otorgada a la actividad minera: El sector minero argentino es uno de los pocos que durante la década del 90, con cambios importantes en la legislación, empezó a tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino estratégico diferente […] El sector minero puede ayudar muchísimo para el desarrollo argentino, para el crecimiento productivo, del empleo, de las exportaciones, para el ingreso de divisas. Preguntas frecuentes. En otras palabras, el objetivo de prohibir la megaminería en la provincia de Mendoza, por ejemplo, posee un grado de especificidad mayor que la búsqueda del resguardo ecológico o la armonización de las relaciones entre el hombre y la naturaleza, objetivos identificados, por ejemplo, con el movimiento ambiental. Adicionalmente, es preciso señalar que las distintas sanciones de las normativas provinciales que prohíben la megaminería no siempre consolidan procesos acabados y permanentes, sino que las presiones estatales y corporativas continúan siendo parte de un complejo entramado de intereses. “La minería que Mendoza no explota”. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó reformas al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), para no autorizar en áreas naturales protegidas, entre otras las: Actividades destinadas a la exploración, explotación y beneficio de minerales 1. 3, Ley N° 26.639). Moody, Roger (2007). Fecha de consulta: mayo, 2015. Tanto la ley N° 7.722/07 de Mendoza como la N° 9.526/08 de Córdoba han sido objeto de una serie de pedidos de inconstitucionalidad por parte de actores interesados, ligados a cámaras mineras y representantes de la actividad nuclear. Versión actualizada a julio de 2022. 71, 154, 386, 408 Art. Rodríguez Pardo, Javier (2009). Sección Tercera. La Nación, 5 de Diciembre de 2017, sección Ciencia. Los riesgos ambientales de este tipo de actividad se encuentran asociados al elevado uso de agua, energía y sustancias químicas y la magnitud del emprendimiento. Wagner, Lucrecia (2010). Disponible en https://bit.ly/2y2F3yN. Posteriormente el fallo sería confirmado por la Cámara de Apelaciones local, el Supremo Tribunal de Justicia de Chubut y, finalmente, en abril de 2007 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Millcayac Anuario de Ciencias Políticas y Sociales, 2: 175-205. Por otro lado, al conocerse la existencia de pedidos de explotación de uranio por parte de la CNEA a escasas cuadras del centro de la localidad de Nono, distintas localidades del valle de Traslasierra se incorporaron a las resistencias. Disponible en https://bit.ly/2LKFhfW. Cerutti, Débora y María Pía Silva (2010). Los acontecimientos de Esquel fueron iniciadores de un proceso multiescalar de crecimiento de las resistencias sociales, desde un ámbito local hasta espacios más amplios de índole nacional. A diciembre de 2017, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se han inventariado y publicado los resultados de cuarenta y nueve sobre una totalidad de sesenta y nueve subcuencas con hielos permanentes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, s/d)[26]. Todas las respuestas. Snyder, Richard (2001). WebManejo de equipos digitales para monitoreo ambiental de calidad de aire, agua, suelo y ruido, manejo interpretación del reglamento de protección y gestión ambiental para las … Como se viera, las resistencias sociales han jugado un rol clave en la sanción de las leyes de prohibición de la minería en las provincias argentinas en los casos de Mendoza y Córdoba. 282 del citado codigo e incorporase como titulo complementario precediendo al titulo final denominado … Ilustrando esta idea, la prohibición de la instalación de una minera en Córdoba impacta en un espacio específico, es decir el territorio cordobés, en el cual tuvieron lugar la mayor parte de las acciones de resistencia. El significativo crecimiento de inversiones, exploraciones y explotaciones mineras durante los últimos veinte años confronta con fuertes resistencias sociales que rechazan la actividad y la sanción de leyes provinciales de prohibición de la minería. Por su parte, Córdoba cuenta con tres factores distintivos: cuenta con la ley más restrictiva dado que la misma prohíbe la explotación de minerales nucleares tales como uranio y torio además de limitar la minería metalífera a cielo abierto; logró una conformación de las resistencias sociales particularmente veloz y; por último, las resistencias sociales lograron una apertura de canales de diálogo con actores políticos cuasi instantánea. La ley establece las pautas necesarias para la realización del Inventario Nacional de Glaciares, tarea a desarrollar por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), mediante la cual “se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo” (art. Que es el P.A.S.M.A. Se estima que el valor bruto del mineral contenido in situ de los 20 proyectos más relevantes es cercano a los 350 mil millones de dólares (CAMEM, 2014). Los mecanismos forman una delimitada clase de eventos que cambian las relaciones entre conjuntos específicos de elementos de manera idéntica o similar a través de una variedad de situaciones (Tilly, 2001). “Versión Taquigráfica”. A partir de la consolidación de asambleas de vecinos y vecinas autoconvocados y autoconvocadas a nivel local, este proceso se vio fortalecido con la regionalización de las luchas y la creación de un espacio colectivo nacional de aprendizaje, intercambio de experiencias de lucha, articulación y construcción de estrategias colectivas y de acciones conjuntas […] La UAC nace con el propósito de articular y potenciar las diferentes luchas que en los últimos años han emergido en todo el país y América Latina para repudiar el avance sistemático de los emprendimientos destructivos, y con la convicción de que la movilización popular y la autodeterminación de nuestras comunidades es la única vía para lograr una economía equitativa, respetuosa de los ecosistemas, las economías regionales y las culturas e identidades locales (Unión de Asambleas Ciudadanas, 2011). 2 0 obj
El proyecto de ley para el sector minero se presentó en diciembre de 1992 como iniciativa del Poder Ejecutivo nacional y contó con el impulso de los representantes de provincias mineras, entre ellos un joven diputado sanjuanino, José Luis Gioja (PJ). Sesión 28 de abril. De tal forma se termina de arrojar luz a la puntual distribución de competencias entre el Estado nacional y las provincias en materia minera. La existencia de experiencias previas de lucha en otras latitudes argentinas, como Esquel, La Rioja o Mendoza, así como la disponibilidad de amplia de información y recursos relativos a la cuestión de la megaminería metalífera, facilitaron una veloz conformación de un grupo estable, de formato asambleario, que emprendió las acciones iniciales de resistencia nucleándose en la organización ¡Ongamira Despierta! Por un lado, la fundamentación legal y constitucional fueron utilizadas para avalar posiciones antagónicas y, por otro lado, distintos legisladores han realizado un fuerte reconocimiento durante sus alocuciones parlamentarias del activo rol de las asambleas ambientales y las organizaciones de la sociedad civil. <>
7.- Competencias del Ministerio Sectorial.- Por un lado, la letra del código, en su artículo noveno, prohíbe al Estado explotar en forma directa las minas[5]. Svampa, Maristella, Lorena Bottaro y Marian Sola Álvarez (2009). Este tránsito se ha dado a partir de una serie de reformas normativas que brindaron previsibilidad al sector y tomaron relevancia en un período de crecimiento sostenido de los precios de las materias primas a nivel global. Diputados: 5170-D-2005; 5937-D-2005; 5660-D-2006; 5183-D-2010; 6413-D-2011; 5363-D-2012; 8330-D-2012. %����
En la provincia de San Juan, apenas unos días después de la sanción de la ley de glaciares distintas empresas mineras presentaron ante la justicia de esa provincia una serie de medidas cautelares exigiendo la no aplicación de la ley nacional en el territorio sanjuanino. Las resistencias sociales, en su búsqueda de leyes ambientales que restrinjan el avance minero, suelen involucrarse en “procesos de incidencia”. Ante esta afirmación, vale preguntarse ¿por qué algunas provincias sancionaron normas de protección ambiental más estrictas que la legislación nacional?, ¿qué impacto tuvo la iniciativa proteccionista de esas provincias en la normativa nacional? CAEM (s/d). Solo el 3 por ciento del agua que cubre el planeta es potable, y dos tercios de ella se alimentan con agua de los glaciares. Diani, Mario (1997). Collier, David, Henry Brady y Jason Seawright (2010). En diciembre de 1997 se firmó un tratado binacional por 30 años que generó los marcos legales y los compromisos institucionales que permiten la realización de proyectos mineros binacionales. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) es una Unidad Ejecutora dependiente del CONICET, de la Universidad Nacional de Cuyo y del Gobierno de la Provincia de Mendoza. Fecha de consulta: enero, 2018. Los primeros grandes yacimientos mineros se inauguraron en Catamarca con la apertura de Bajo La Alumbrera en 1997 y, al año siguiente, Santa Cruz con Cerro Vanguardia. El 23 de marzo de 2003, la población de Esquel se expresó en el referéndum sobre la explotación o no de la actividad minera y el resultado fue concluyente: un 81% de la población se decidió por el “No a la mina”. En dicha ciudad cordillerana la ciudadanía logró evitar la instalación de la minera aurífera a través de un plebiscito municipal. Mediante Decreto Supremo N° 019-2020-EM publicado hoy en el Diario Oficial “El Peruano”, el Ejecutivo dispuso la modificación del Artículo Único del Título Preliminar, de los artículos 6, 10, 16, 21, 26, 39, 40, 44, 56, 58, 60, 62, 68 y la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de Protección Ambiental para las Actividades … guías y lineamientos relacionados con la protección del ambiente y evaluación de los Instrumentos de Gestión Ambiental en el Subsector Minería; Que, mediante el Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, se aprobó el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para Actividades de Explotación, Beneicio,
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